Agua privada
Por Marta Lizcano Barrio
Volume 25, no. 2, Bleeding Earth
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El agua es un recurso esencial para la vida que en algunos lugares del mundo damos por sentado: basta con abrir un grifo para obtener agua potable. Sin embargo, en otras zonas es un bien escaso y, debido al cambio climático, los problemas de acceso al agua se han acentuado: los fenómenos extremos como inundaciones y sequías serán cada vez más frecuentes si no hacemos algo para detener esta deriva.1
Por ejemplo, en algunas zonas del África subsahariana mujeres y niñas recorren de media más de 30 minutos —21 en las zonas rurales de Asia— para recolectar agua potable de la fuente más cercana.2 Al ser las encargadas de gestionar el agua para sus familias, son también quienes encarnan las luchas por la preservación y desprivatización del agua.
Además de esto, surcamos desde hace años una ola privatizadora que acentúa las desigualdades en el acceso al agua. La sobreexplotación de los acuíferos, la venta de agua embotellada, la contaminación, los grandes proyectos hidroeléctricos y la privatización de las redes de distribución son algunas de las formas de expolio capitalista del agua.
Es importante entender que no se trata de un conjunto de hechos aislados, sino de una dinámica global, por lo que la respuesta debe ser —y está siendo— también global y coordinada.
Acuíferos sobreexplotados
Una de las principales fuentes de agua dulce del planeta son los acuíferos. Se trata de formaciones geológicas capaces de almacenar y liberar agua que afloran en forma de manantiales y pueden ser utilizados para abastecer a las poblaciones y las industrias, o para el regadío.3
Pero si el agua se consume más rápido de lo que se repone, el acuífero puede perder su capacidad regenerativa, amenazando la principal fuente de agua de una comunidad. La sobreexplotación es habitual cuando una empresa privada se instala sobre un acuífero, provocando una presión continuada y desmesurada y resultando en cortes y escasez de agua. Pozos que antes se usaban para el consumo en los hogares o para el regadío dejan de tener agua y solo los perforados con maquinaria llegan al nivel donde esta se encuentra. Además, se produce una pérdida de flora y fauna de los cauces fluviales asociados a ese acuífero, ya que muchos ríos tienen en los acuíferos su principal fuente de abastecimiento y las precipitaciones son a menudo insuficientes para mantener el caudal.4
En todo el mundo, los negocios se anteponen a las personas y a la naturaleza en su conjunto. En una nueva ola colonizadora, empresas afincadas en Europa o Estados Unidos tienden a buscar zonas donde la debilidad o la corrupción de los gobiernos faciliten su tarea.5 Este expolio tiene nombre de multinacional. O, mejor dicho, multinacionales. Coca-Cola tiene presencia desde el año 1999 en el municipio de Nejapa, El Salvador, a través de la embotelladora La Constancia/SabMiller, que envasa, además de refrescos, agua, cerveza y otras bebidas. Esto ha supuesto un gran estrés hídrico para el acuífero de la zona, ya que, por ejemplo, para hacer un litro de refresco se necesitan aproximadamente dos litros de agua.6
A pesar de los compromisos adquiridos por la empresa (por ejemplo, devolver a la naturaleza la misma cantidad de agua que consume), expertos y vecinos aseguran que en el caso de Nejapa las promesas no se cumplen.7 La empresa ha organizado campeonatos deportivos y ha plantado árboles a modo de greenwashing, pero, por otra parte, hasta 2013 no se habían realizado estudios de impacto ambiental ni se habían instalado medidores para evaluar la presión ejercida sobre el acuífero por parte de la empresa.8
La paradoja es que las bebidas embotelladas fluyen mientras Nejapa sufre cortes de agua de varios días. La ampliación prevista en 2015, que según los expertos podría acabar con el agua en 27 años, fue finalmente paralizada en 2016 gracias a la presión social.9 No obstante, gracias a este caso quedó patente la urgencia de anteponer las necesidades de la población a los intereses económicos de las empresas. También la necesidad de una ley de aguas, que el gobierno salvadoreño aprobó finalmente el pasado diciembre de 2021 y garantiza, entre otros aspectos, que el agua y el saneamiento sean derechos humanos.10 No obstante, la ley contempla autorizaciones de uso y aprovechamiento por un plazo de hasta 15 años, por lo que el impacto real del texto sobre las vidas de la población salvadoreña solo podrá comprobarse a largo plazo.
La historia se repite en diferentes partes del mundo. En el caso de Chiapas, México, los acuerdos firmados por periodos de 50 años incluyen un pago en concepto de derechos de explotación de aguas subterráneas de 2.600 pesos por concesión, una cantidad ridícula si la comparamos con los 32.500 millones de pesos que la compañía ganó en 2007; y un precio insuficiente por explotar los recursos hídricos de una población.11 Mientras tanto, las familias mexicanas pagaban por la compra de agua embotellada —un recurso que previamente les había sido arrebatado— 1.800 pesos en 2010.12
En Uttar Pradesh, India, por ejemplo, Coca-Cola ha explotado hasta secar el acuífero que alimentaba los pozos de la zona. Ahora las mujeres tienen que caminar más y el agua para regar o dar de beber a los animales escasea. Con presencia en el país desde 1993 y 57 fábricas repartidas por el territorio, algunos de los nuevos proyectos de Coca-Cola se han visto paralizados gracias a la oposición de la población, inspirados por la victoria frente a la planta de Plachimada en Kerala, en el año 2005.13
Como vemos, el ánimo de lucro de las multinacionales se antepone a las necesidades básicas de la población —en muchos casos rural y asentada en zonas de sequía— fuertemente dependiente de las fuentes de agua dulce para sus actividades económicas. Incluso si las empresas estuviesen siendo social y ecológicamente responsables, tal como alegan, cabe preguntarse si este tipo de prácticas de sobreexplotación son legítimas cuando pasan por encima de un derecho humano como lo es el acceso al agua.
Agua embotellada
El negocio del agua embotellada está íntimamente relacionado con el problema de los acuíferos. Como en el caso de Nejapa, no es infrecuente que el agua de estos grandes depósitos naturales sea extraída para ser embotellada. Esto es, en primer lugar, un problema para los pueblos que habitan esas tierras, que ven cómo sus recursos les son arrebatados para su venta posterior a un precio más elevado, convirtiendo el derecho al agua en un privilegio de clase. Además, supone un grave problema ecológico debido a la gran cantidad de botellas de plástico que se generan. El agua debe ser trasladada hasta los puntos de venta, lo que supone más CO2 para la atmósfera. Por otra parte, el agua embotellada se ha asociado a los microplásticos; aunque estas partículas se encuentran también en el agua corriente, se encontró que las muestras de agua embotellada contenían hasta el doble de algunos tipos de microplásticos.14
El negocio del agua embotellada ha protagonizado grandes controversias, puesto que en muchos casos el agua que se vende no es más que agua obtenida de los ríos, o directamente del grifo, y tratada para su comercialización. Esto ocurre en Michigan, Estados Unidos, donde la principal diferencia entre ambos tipos de agua es su precio: Nestlé paga $3,50 por cada 1.000 galones y la vende cientos de veces más cara.15 Una polémica similar tuvo lugar en el año 2004 en Londres, Reino Unido, de la mano de Coca-Cola. La empresa vendía botellas de medio litro a 1,41 €, un agua por el que había pagado tan solo 0,004 € el medio litro.16
En todo el mundo, los negocios se anteponen a las personas y a la naturaleza en su conjunto.
Lo cierto es que el agua embotellada no debería ser necesaria. Si no existen un saneamiento de las aguas y una canalización adecuados, estos deberían ser los objetivos. Frente a estas carencias, el agua embotellada es una mala solución, ya que es altamente contaminante, beneficiosa únicamente para las empresas y empobrecedora para sus legítimos dueños: aquellas personas que dependen de ella para vivir y que se ven obligadas a comprarla envasada a precios muy elevados.
No obstante, el crecimiento del sector del agua embotellada ha sido progresivo en los últimos años. En algunos lugares, como España, el fenómeno coexiste con la escasez de fuentes de agua para beber en las calles.17 En las últimas décadas, hemos asistido a la creación de una necesidad que antes no existía. El agua embotellada empezó a popularizarse en los años 70 y 80 de la mano de campañas de desprestigio del agua corriente (a pesar de que suele estar sometida incluso a más regulaciones) y que señalaban las virtudes de la envasada.18 Este proceso implica la privatización de recursos que ponen en peligro un derecho humano primordial.
Privatización de las redes de distribución
La ola privatizadora alcanza también las redes de distribución de pueblos y ciudades. Con pretextos como la eficiencia, la gestión de la distribución del agua potable ha quedado fuera del control de los organismos públicos, a menudo con consecuencias nefastas. Las empresas privadas no son necesariamente mejores gestoras, ni los servicios públicos deben ser rentables; su función es garantizar una distribución del agua potable equitativa, independiente del poder adquisitivo, lo que no ocurre, por ejemplo, con el agua embotellada.
Entre las consecuencias de la apropiación del agua por parte de las empresas privadas se cuentan los despidos, los cortes de agua, el empeoramiento de la calidad del servicio y del agua, y la contaminación. Entidades como Agbar/SGAB, con sede en Barcelona, España, y cuya empresa matriz es la multinacional francesa Suez, se enorgullecen de ser «un grupo de empresas con más de 150 años de experiencia», con presencia en unas 1.600 ciudades de todo el mundo.19 Su negocio se basa en la privatización del agua potable o, en el mejor de los casos, en la participación en empresas mixtas público-privadas.
El caso de Saltillo, México, es paradigmático. Agbar llegó allí en el año 2000. Con la privatización, el costo del agua subió hasta diez veces y el 8 por ciento de la población ha llegado a tener el agua cortada.20 Además, vecinos y vecinas denuncian falta de presión, escapes y el abandono de las plantas de tratamiento; ahora el agua sucia se vierte directamente al canal. Una vez más, el acuífero de la zona está siendo sobreexplotado y se prevé que el problema vaya en aumento con la proyección de la ciudad modelo Derramadero.
Si nos preguntamos por qué Agbar ha elegido Saltillo, algunas periodistas señalan que estas macroempresas suelen acudir a lugares con altos niveles de corrupción y un sistema judicial débil (hasta un 98 por ciento de impunidad en México, es decir, solo el 2 por ciento de los crímenes son investigados).21 Además, denuncian el riesgo que supone investigar estos casos.
Frente a este proceso privatizador, numerosos colectivos se han levantado en defensa del agua. Pero la demanda ya no es regresar a una gestión pública del agua, sino trascenderla para apostar por la remunicipalización: un modelo en el que se incluye la reapropiación colectiva de los recursos hídricos y un mayor control social de estos. El problema es que este proceso solo puede darse cuando acaban las concesiones, y antes de que se adjudiquen unas nuevas, lo que supone tener que esperar, en algunas ocasiones, periodos de hasta 99 años, aunque ya existen casos de éxito. En Terrassa, España, por ejemplo, tras 75 años la empresa MINA (parte de Agbar) tuvo que ceder en 2018 el control al municipio al finalizar la concesión.
Hidroeléctricas
Aunque la energía hidroeléctrica se considera a menudo renovable y, por tanto, una energía verde, lo cierto es que la creación de represas (barreras de contención de agua) tiene un impacto enormemente negativo a muchos niveles. En primer lugar, en el plano medioambiental, conlleva que zonas previamente inundadas dejen de estarlo, y viceversa, con la consiguiente pérdida de flora y fauna. Además, a menudo implica la tala de vegetación para despejar la zona de construcción de la propia represa. Ambos fenómenos suponen un aumento en la emisión de gases perjudiciales para el calentamiento global como el metano y un descenso en la absorción de dióxido de carbono, respectivamente. A esto se suma la interrupción del curso natural de fauna y sedimentos.22
Hidroelectricidad, ¿para quién? Y ¿a qué precio?
Estos macroproyectos se llevan a cabo a menudo sin garantizar el derecho, amparado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, a una consulta previa a la ejecución de programas de explotación de recursos en sus tierras.23 Si se realizaran estas consultas, la respuesta sería contundente, como lo fue en 1996 contra el proyecto Corpus Christi de Paraguay y Argentina.24 Y es que, en el plano humano, las hidroeléctricas han obligado a desplazarse a entre 40 y 80 millones de personas en todo el mundo, en muchos casos sin compensaciones ni opción de reasentamiento.25
Junto con los exilios forzosos se produce la separación de familias y la destrucción de patrimonio cultural —como en el caso de la cascada de Sete Quedas, entre Paraguay y Brasil, lugar de gran importancia espiritual para los pueblos Munduruku, Apiaka y Kayabi— llegando incluso al etnocidio.26 Además de su hogar, muchas familias pierden su principal medio de subsistencia y su fuente principal de agua.27
Ante esta situación, cabe preguntarse: electricidad, ¿para quién? Y ¿a qué precio?
El hecho de que los mismos patrones de expolio se den en todo el mundo está llevando a la constitución de un movimiento global de resistencia que considera que las personas afectadas no son solo aquellas que habitan en los territorios implicados en la construcción, sino todo el mundo.28 El problema no es una represa en concreto, sino el modelo privatizador imperante en su conjunto.
Entre las asociaciones implicadas se encuentran el Movimiento de Afectados por las Represas en Brasil (MAB) o la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Las acciones colectivas incluyen manifestaciones, plantones, marchas, caravanas, escraches, uso de redes sociales o toma de instalaciones, además de acciones legales.29
Desgraciadamente estas movilizaciones contra los macroproyectos son a menudo fuertemente reprimidas, llegando a producirse asesinatos, como ocurrió con Noé Vázquez Ortiz, activista conocido por su oposición al proyecto de la hidroeléctrica de El Naranjal, en Veracruz, México.30
Una lucha por la vida
La lucha del agua es la lucha por la vida. Un uso desmesurado de los recursos hídricos provoca alteraciones en los ecosistemas que van desde la desaparición de especies a la aceleración del cambio climático. Como recurso esencial que es, debería estar amparado como derecho humano en cada rincón del mundo.
Sin embargo, las grandes multinacionales siempre anteponen sus beneficios a los derechos más básicos. No podemos esperar que salga de ellas modificar sus prácticas depredadoras, puesto que entre la vida y los beneficios siempre escogen lo segundo. Hay algo que cada vez está más claro: no hay futuro sin naturaleza. Por eso, si queremos garantizar nuestra vida —una vida que no se limite a la mera supervivencia— debemos seguir organizándonos a nivel global y ser la ola que diga: ¡basta!
Bibliografía
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